En España, hablar de pensiones es casi como hablar de fútbol o política: hay opiniones encendidas, dogmas incuestionables y una buena dosis de desinformación. El debate suele girar en torno a si se podrán mantener o no en el futuro, pero rara vez se cuestiona el propio modelo. Y ahí está la clave. El sistema público de pensiones en España es de reparto, no de capitalización. Esto significa que lo que los trabajadores cotizan hoy no se guarda para su pensión futura, sino que se utiliza de inmediato para pagar las pensiones de quienes ya están jubilados.
Este detalle, que para muchos es una simple cuestión técnica, cambia completamente la perspectiva. El sistema funciona mientras haya suficientes trabajadores activos para sostener a los pensionistas, pero si la base de cotizantes se reduce y el número de jubilados crece —como está ocurriendo debido al envejecimiento poblacional— la ecuación se rompe.
Parecidos incómodos con una estafa piramidal
Quien haya oído hablar de un esquema Ponzi o una estafa piramidal sabrá que su funcionamiento básico consiste en pagar a los primeros participantes con el dinero que aportan los nuevos. La promesa es atractiva: “Tú inviertes ahora y recibirás ganancias más adelante, gracias al dinero que aporten otros que vendrán después”. Mientras entren suficientes personas, el sistema parece funcionar. El problema es que tarde o temprano se agota el flujo de nuevos participantes y todo se derrumba.
Si se observa fríamente, el sistema de pensiones de reparto comparte esta misma lógica. Los pensionistas actuales cobran gracias a las aportaciones de los trabajadores de hoy, bajo la promesa de que, cuando estos se jubilen, otros trabajadores harán lo mismo por ellos. Pero no hay una garantía real de que eso vaya a ocurrir, más allá de la voluntad política y la capacidad fiscal del Estado en el futuro.
La gran diferencia con un esquema Ponzi fraudulento es que el sistema de pensiones es legal, está gestionado por el Estado y, por tanto, respaldado por su capacidad de cobrar impuestos. Pero la estructura básica, esa dependencia de un flujo constante y creciente de nuevos aportantes para mantener a los que ya están dentro, es sorprendentemente parecida.
La gran confusión: capitalización vs reparto
Uno de los problemas más graves es que una parte significativa de la población cree que sus cotizaciones se están “guardando” para su pensión futura. Piensan que tienen una especie de cuenta personal en la que el Estado acumula su dinero, que más tarde recuperarán con intereses. Eso sería un sistema de capitalización, en el que cada persona ahorra para sí misma y su pensión se financia con lo que ha aportado más la rentabilidad obtenida.
Pero en España eso no existe en el sistema público. Aquí no hay una hucha individual para cada trabajador. Lo que cotizas se gasta de inmediato en pagar a otros. Si mañana dejaras de trabajar, tu “dinero” no estaría esperando en ninguna parte.
Paradójicamente, muchos que defienden a ultranza el sistema de reparto lo hacen pensando que es un sistema de capitalización… y al mismo tiempo rechazan propuestas de pasar a un modelo de capitalización real, que es justamente lo que ellos creen que ya tienen.
El problema demográfico: el talón de Aquiles
En los años 60 y 70, España tenía una población joven, con muchas personas trabajando por cada jubilado. El sistema de reparto parecía sólido: había margen para que los trabajadores financiaran pensiones generosas sin que el Estado tuviera que endeudarse en exceso.
Hoy, la situación es muy distinta. La natalidad está en mínimos históricos, la esperanza de vida es cada vez mayor y la proporción de trabajadores por pensionista cae sin freno. Mantener las pensiones en estas condiciones implica subir impuestos, endeudar al Estado o recortar lo que recibe cada jubilado.
En un esquema Ponzi, cuando el flujo de nuevos inversores se reduce, se hace insostenible seguir pagando los rendimientos prometidos. En el sistema de pensiones de reparto, la dinámica es similar: sin una base amplia de cotizantes, las promesas de pensiones futuras se vuelven frágiles.
El futuro: sostenibilidad o cambio de modelo
El envejecimiento de la población, la baja natalidad y la precariedad laboral han puesto al sistema contra las cuerdas. El número de cotizantes por pensionista se reduce cada año, y para cuadrar las cuentas se recurre a subidas de impuestos, deuda pública o transferencias desde los Presupuestos Generales. Esto no es sostenible indefinidamente.
Un sistema de capitalización real —ya sea individual o colectivo— permitiría que cada persona financiara su propia pensión a través del ahorro y la inversión, eliminando la dependencia de las generaciones futuras. Existen modelos híbridos que combinan un pilar básico de reparto con cuentas individuales de capitalización, como en algunos países europeos y latinoamericanos, que podrían ser una vía intermedia para no dejar a nadie atrás en la transición.
El debate es incómodo porque obliga a reconocer que el sistema actual no es tan sólido como se nos quiere hacer creer. Y aunque no sea una estafa piramidal en el sentido estricto y fraudulento, su lógica se le parece demasiado como para ignorarlo. La verdadera estafa es mantener a la ciudadanía en la ilusión de que lo que cotiza se está guardando para ella, cuando en realidad depende de que las generaciones futuras puedan —y quieran— seguir pagando.